El juez, Santiago Pedraz, considera que la acción de los militares puede constituir delito de asesinato y otro contra la comunidad internacional, que puede ser castigado con una pena de entre diez y quince años de prisión.
Los tres procesados son el sargento Thomas Gibson, que operaba el tanque que disparó hacia el hotel, el capitán y jefe de la compañía Philip Wolford y el teniente-coronel Philip de Camp.
El 22 de enero, el juez había solicitado a la embajada norteamericana en Madrid los datos personales de los tres soldados, cuya detención había sido ordenada anteriormente para responder por la muerte del periodista.
Los datos eran esenciales para que la INTERPOL pudiese avanzar con las órdenes de captura internacionales.
Fue a la segunda orden de captura emitida por el juez después de haber retirado una primera por otro tribunal que consideró la muerte de Couso un «acto de guerra contra un enemigo erróneamente identificado»
A estas alturas, el tribunal consideró que Españá no era competente para juzgar a los militares estadounidenses, lo que produjo que el proceso fuese archivado.
El 14 de diciembre de 2006, el Tribunal Supremo de España volvió a abrir el proceso, legitimando los tribunales españoles para investigar el caso por involucrar la muerte de un ciudadano español.
La viuda de Couso, camarógrafo de Telecinco, aprovechó la decisión del Supremo Tribunal para solicitar a Pedraz la reapertura del caso.
Además de Couso, en el mismo ataque al hotel Palestina, en el piso ocupado esencialmente por periodistas, murió además el camarógrago ucraniano Taras Protsyuk de la Agencia noticiosa Reuters.
IQNA