El presidente del PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang, declaró que la división de poderes legislativos entre el gobierno federal y los gobiernos estatales ha limitado la capacidad de las asambleas legislativas estatales para promulgar leyes penales basadas en la Sharia.
Abdul Hadi argumentó que la Comisión Reid —establecida antes de la independencia (*Merdeka*) y encargada de redactar la Constitución Federal— tenía como objetivo "perpetuar la colonización de manera encubierta".
Abdul Hadi señaló específicamente el Noveno Anexo, "Lista Estatal" (Lista II) de la Constitución Federal, que otorga a las asambleas legislativas estatales la facultad de promulgar leyes relativas a las infracciones de los preceptos islámicos cometidas por musulmanes.
Sin embargo, los estados no pueden legislar sobre asuntos que corresponden a la Lista Federal, incluida la legislación penal. Esto da lugar a una superposición de competencias jurisdiccionales, señaló.
"La superposición en el ámbito de las leyes penales ha provocado a menudo impugnaciones legales contra disposiciones contenidas en las leyes estatales", escribió Abdul Hadi en una publicación en redes sociales.
La cuestión ya ha sido examinada por el Tribunal Federal, que en 2024 declaró inválidas ciertas disposiciones del código penal de la Sharia del estado de Kelantan, dictaminando que el estado había invadido las competencias legislativas federales.
Desde entonces, el PAS ha intentado eludir el fallo del Tribunal mediante un nuevo proyecto de ley sobre delitos de la Sharia en Kelantan, aprobado por la asamblea legislativa estatal a principios de agosto. Abdul Hadi subrayó que los tribunales de la Sharia están sujetos a la *Ley de Tribunales de la Sharia (Jurisdicción Penal) de 1965* (Ley 355), la cual limita su facultad para imponer penas de prisión a un máximo de tres años y multas de hasta 5.000 ringgits malasios (RM).
Asimismo, citó el Artículo 4 de la Constitución Federal, que la establece como la ley suprema del país, invalidando cualquier legislación que la contradiga.
"Por lo tanto, la plena implementación de la ley penal de la Sharia requeriría amplias enmiendas constitucionales a nivel parlamentario", afirmó.
Abdul Hadi añadió que esta postura cuenta también con el respaldo de antiguos presidentes del Tribunal Supremo y de expertos jurídicos. Las propuestas incluyen una interpretación más amplia del Artículo 3(1), la derogación gradual de la Ley de Derecho Civil de 1956 (*Civil Law Act 1956*), enmiendas constitucionales destinadas a fortalecer los principios islámicos dentro del sistema jurídico y una mayor armonización entre el derecho civil y la Sharia.
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