
Según informes, Madrid ha intervenido para impugnar la decisión del Ayuntamiento de Jumilla de prohibir la celebración de las principales oraciones musulmanas en instalaciones deportivas públicas, calificándola de violación de la libertad religiosa.
El gobierno español ha dado al Ayuntamiento de Jumilla, en la Región de Murcia, un mes para levantar la reciente prohibición de las oraciones del Eid al-Fitr en las instalaciones deportivas municipales, según informó El País el lunes.
La decisión se produce después de que el Ayuntamiento, liderado por el conservador Partido Popular (PP) con el apoyo del partido de extrema derecha Vox, aprobara una medida que define las celebraciones musulmanas como "prácticas culturales extranjeras" y que deben prohibirse en los espacios públicos.
"La normativa permite el uso del complejo deportivo para actividades socioculturales, por lo que las razones objetivas aducidas son inválidas", se lee en la advertencia escrita del Gobierno.
La medida impugnada se aprobó el 28 de julio, poco antes de la consulta sobre los presupuestos municipales, en la que la abstención de Vox fue crucial. Prohíbe cualquier evento no deportivo en las instalaciones deportivas municipales, a menos que sea organizado por el propio Ayuntamiento.
En esencia, la enmienda se dirige contra las oraciones del Eid al-Fitr y del Eid al-Adha, que la comunidad musulmana de Jumilla —aproximadamente 1.500 de sus 27.000 habitantes— celebra en el complejo deportivo local desde hace al menos cuatro años.
El gobierno afirma que la enmienda esconde una auténtica intención discriminatoria, señalando que el portavoz local de Vox se jactó de prohibir las celebraciones musulmanas.
Advierte que se trata de una nueva vulneración de los derechos y libertades fundamentales por parte de gobiernos locales y regionales de derecha y extrema derecha, y añade: «Combatiremos política y legalmente cualquier iniciativa que pretenda erosionar los derechos y libertades y empujar a España hacia una dinámica autoritaria».
Si Jumilla no levanta la prohibición en el plazo de un mes, la Fiscalía llevará el caso a los tribunales, advirtió Madrid.
El caso ha atraído la atención nacional, y el Defensor del Pueblo español incluso ha iniciado una investigación sobre lo que grupos musulmanes han condenado como un acto islamófobo.
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