Los nuevos datos del Servicio Penitenciario de Israel (IPS, por sus siglas en inglés) muestran que el número de niños y menores recluidos bajo “detención administrativa” aumentó de 103 en enero de 2025 a 191 en marzo de 2026, informó el viernes el diario The Times of Israel.

El incremento también elevó la proporción de menores palestinos sometidos a “detención administrativa” de alrededor del 30 % del total de menores palestinos detenidos por el régimen a comienzos de 2025 a casi la mitad en marzo de 2026.

La detención administrativa es un procedimiento que el ejército israelí utiliza desde hace décadas para encarcelar a palestinos en Cisjordania y Gaza sin presentar cargos ni someterlos a juicio.

Las órdenes de detención suelen tener una duración de seis meses, pero pueden ser renovadas indefinidamente por un juez militar. Los detenidos no son informados de las acusaciones en su contra, mientras que las pruebas pueden ser presentadas ante un tribunal en procedimientos clasificados.

Las últimas cifras sitúan el aumento de la detención administrativa de menores dentro de un sistema de encarcelamiento mucho más amplio.

Según datos del IPS, actualmente hay 3198 palestinos bajo detención administrativa, la mayoría procedentes de Cisjordania.

Esta cifra no incluye a los palestinos detenidos en Gaza, donde otras 1358 personas han sido arrestadas durante la guerra genocida del régimen contra el enclave y clasificadas por Israel como supuestos “combatientes ilegales”. Según la información proporcionada, muchos de ellos han permanecido recluidos en el conocido centro de detención de Sde Teiman, donde se han denunciado casos de tortura y abusos sexuales.

El régimen israelí también mantiene detenidos a 4767 palestinos clasificados como “detenidos por motivos de seguridad” y “presos de seguridad”.

Las organizaciones de derechos humanos han criticado durante mucho tiempo el uso generalizado de la detención administrativa contra los palestinos, argumentando que el encarcelamiento prolongado sin cargos ni acceso a las pruebas niega a los detenidos las garantías básicas del debido proceso.