IQNA - La ejecución de dos activistas chiítas por parte del régimen provocó protestas en todo el país donde una persona fue asesinada por las fuerzas del régimen. Mohammed al-Muqaddah murió tras la inhalación de gas lacrimógeno que fue disparado por las fuerzas militares para reprimir a la enorme multitud de manifestantes en Al-Balad Al-Qadim.
En otro episodio de vil represión que surgió de un video publicado en las redes sociales, miembros de la embajada del régimen de Bahrein en Londres intentaron arrojar a un activista desde el techo del edificio diplomático mientras protestaban por la reciente ejecución por parte del régimen de tres activistas chiitas.
El activista Musa Akrawi escaló los muros de la embajada para protestar por la ejecución de activistas en Manama. El joven grabó un video de sí mismo luego de llegar a la azotea del edificio, donde cantó frases contra el régimen bahreiní.
Al dirigirse al primer ministro británico, Boris Johnson, Akrawi dijo: "Llame a su amigo el rey Hamad (de Bahréin) para detener los asesinatos". Según lo que surgió, el personal de la embajada golpeó a Akrawi y trató de tirarlo por el techo.
El caso de los dos activistas ejecutados Ahmad al-Malali, de 24 años, y Ali Hakim al-Arab, de 25, ha atraído la atención internacional. Los dos fueron condenados el año pasado junto con otros 56 hombres por "delitos terroristas".
Nueve años de revuelta en Bahréin
Desde febrero de 2011, miles de manifestantes en contra del régimen han realizado manifestaciones diarias, pidiendo a la dinastía al-Khalifah que abandone el poder y establezca un sistema justo que represente a todos los bahreiníes. En respuesta, Manama ha hecho todo lo posible para reprimir todas las formas de disensión.
El 14 de marzo de 2011, se desplegaron tropas de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos para ayudar a Bahréin a tomar medidas enérgicas contra sus oponentes. Decenas de personas perdieron la vida y cientos más resultaron heridas o arrestadas.
El 5 de marzo de 2017, el parlamento de Bahréin aprobó el juicio de civiles en tribunales militares en una medida duramente criticada por activistas de derechos humanos y definida como equivalente a la imposición de una ley marcial no declarada en todo el país.
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