
Francia ha sido acusada de atacar sistemáticamente a su población musulmana con una serie de políticas traídas desde la oficina del presidente Emmanuel Macron para abordar el llamado "separatismo e Islam".
Un nuevo informe del grupo de defensa británico Cage destaca el uso de los poderes ejecutivos por parte de Macron para crear lo que él llama una política de "obstrucción sistemática" para atacar a grupos e instituciones musulmanas en Francia durante los últimos cuatro años.
Redactadas en 2017, las políticas inicialmente tenían como objetivo abordar por qué los combatientes extranjeros huyeron a Siria e Irak desde regiones particulares de Francia. Luego se transformaron en un proyecto nacional destinado a abordar el "islamismo" y la "retirada de la comunidad" en todo el país.
Desde entonces, Francia ha introducido una serie de leyes controvertidas que varios grupos de derechos humanos han considerado islamófobas, incluida la Ley Antiseparatismo y la Carta del Imán.
La política de "obstrucción sistemática" es implementada por el poder ejecutivo del estado, cuya función es hacer cumplir la ley y establecer las políticas públicas.
La política francesa opera, según Cage, ejerciendo la máxima presión sobre los grupos musulmanes mediante el establecimiento de "células departamentales" en cada uno de los 101 departamentos del gobierno francés.
Los documentos del gobierno francés afirman que las células del departamento tienen como objetivo "coordinar la acción de todos los actores que pueden contribuir a la lucha contra el islamismo y la retirada de la comunidad".
Cage dice que la política de obstrucción sistemática ha sido utilizada para detectar organizaciones musulmanas y le otorga al Estado "enormes poderes para monitorear y cerrar instituciones, disolver organizaciones unilateralmente y confiscar dinero bajo el pretexto de preservar los valores republicanos y luchar contra el islamismo y/o el separatismo". .
El grupo dijo que la política se usó para justificar el cierre de al menos una docena de mezquitas, cientos de empresas y organizaciones benéficas de propiedad musulmana, y la incautación de activos por valor de millones de euros debido a la supuesta promoción del Islam.
Entre las organizaciones cerradas por supuestamente promover la propaganda islamista estaban la organización benéfica musulmana francesa Barakacity y el Colectivo contra la Islamofobia en Francia (CCIF), una organización sin fines de lucro que monitoreaba los ataques islamófobos en toda Francia. Ambas organizaciones niegan las acusaciones, pero ambas siguen disueltas.
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